Suspensión de servicios públicos: Prohibiciones – Análisis Público.

Suspensión de servicios públicos: ¿Pueden las empresas efectuarla?

Tema: Alimentos excluidos del impuestos sobre las ventas.


¿Según la Corte Constitucional, esta prohibido a empresas la suspensión de servicios públicos?

La Superintendencia de Servicios públicos domiciliarios en reciente concepto informó que no es cierto que la Corte Constitucional haya prohibido a los agentes prestadores, que suspendan la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

¿De acuerdo a la jurisprudencia qué deben tener en cuenta las prestadoras de servicios antes de suspenderlos?

“La jurisprudencia constitucional ha señalado que las prestadoras antes de suspender el servicio deben analizar, en cada caso concreto, la concurrencia de las siguientes circunstancias:

(i) que la falta de cumplimiento en el pago, no obedezca a la voluntad del deudor o se de cómo consecuencia de una fuerza insuperable;

(ii) que en el inmueble habiten sujetos de especial protección constitucional y

(iii) que el servicio resulte imprescindible para el goce de derechos como la vida en condiciones dignas, la salud o la igualdad, entre otros.”


Contenido de la Fuente

Concepto Número 616 de 14-09-2015. Superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios.

Asunto: Su solicitud de concepto (1)

Cordial Saludo:

Se basa la consulta objeto de estudio en solicitar concepto jurídico sobre si por sentencia de la Corte Constitucional los servicios públicos no pueden ser suspendidos si esto afecta niños, aun cuando la deuda supere los tres meses. Nosotros atendemos a niños y además aquí viven dos menores de edad, hemos hablado con la empresa de energía EBSA, sobre la posibilidad de un plan de pago que podamos cumplir para evitar cualquier inconveniente, sin embargo no nos han querido responder nada, nos estamos basando en una sentencia de la Corte Constitucional, pero aun así no sabemos qué hacer.

Antes de cualquier pronunciamiento sobre el particular, es preciso señalar que el presente documento se enuncia con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, toda vez que los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en respuesta a una petición en la modalidad de consulta, constituyen orientaciones y puntos de vista que no comprometen o responsabilizan a la Entidad, pues no tienen carácter obligatorio ni vinculante.

En este orden de ideas, las respuestas dadas a las consultas elevadas ante esta Oficina Asesora Jurídica, se presentan de manera general respecto del problema jurídico planteado, en el marco de sus competencias y sin posibilidad de resolver conflictos de orden particular.

Por otra parte, el artículo 79 parágrafo 1 (2) de la Ley 142 de 1994, (3) el cual fue modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001, (4) establece que esta Superintendencia no puede exigir, en ningún caso, que los actos o contratos de una empresa de servicios públicos se sometan a aprobación suya. Hacerlo configuraría una extralimitación de funciones y entraría a ocupar una posición de juez y parte ante sus vigiladas.

Hechas las anteriores precisiones, se responderá de manera general en los siguientes términos:

La Corte Constitucional, como suprema guardiana de la Constitución, ha revisado fallos de tutela relativos al régimen de los servicios públicos domiciliarios y ha estudiado, bajo el control abstracto de inconstitucionalidad, normas que hacen parte de dicha regulación, elaborando reglas jurisprudenciales que en unos casos sirven como criterio auxiliar de interpretación para el operador jurídico y en otros, se aplican de forma obligatoria, pues es la interpretación que se le debe dar a la norma. Dentro de las providencias más significativas, se encuentra la sentencia C-150 de 2003, que en relación con la onerosidad de los servicios públicos domiciliarios y la suspensión por falta de pago, consideró:

“5. La exequibilidad de las normas que exigen la suspensión de servicios públicos domiciliarios.

(…)

5.1. El carácter oneroso de los servicios públicos domiciliarios y los deberes de los usuarios.

5.1.1. En una sentencia reciente, la Corte Constitucional reiteró que «[a]ctualmente, los servicios públicos son onerosos, surgiendo la obligación para las personas y los ciudadanos de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad (numeral 9o. artículo 95, y artículo 368 ibidem). La determinación de los costos de los servicios, implica la evaluación de un conjunto de factores que va desde la cobertura y oportunidad en su prestación hasta la eficiencia y clasificación de los distintos tipos de usuarios de los mismos. Si a esto se agrega la circunstancia de que para impulsar el desarrollo en un país, se requiere que sus habitantes dispongan de agua potable, energía eléctrica, medios de comunicación, etc., se aprecia la dimensión del esfuerzo del legislador a fin de conciliar la realidad con los objetivos de justicia social y equidad que se encuentran en el origen y justificación de la organización de los servicios públicos»

En el mismo sentido, el artículo 128 de la Ley 142 de 1994 –declarado exequible por medio de la Sentencia C-1162 de 2000– señala, tal como lo advierte la Vista Fiscal, que el contrato de prestación de servicios es «un contrato uniforme, consensual, en virtud del cual una empresa de servicios públicos los presta a un usuario a cambio de un precio en dinero». En efecto, como lo ha dicho la Corte, «las relaciones jurídicas entre los usuarios y las empresas prestatarias de los servicios públicos domiciliarios, tienen fundamentalmente una base contractual» Así pues, esta Corporación ha reiterado que «la relación contractual referida es de carácter oneroso, pues implica que por la prestación del servicio público domiciliario el usuario debe pagar a la empresa respectiva una suma de dinero. En efecto, dentro de la concepción del Estado Social de Derecho debe tenerse en cuenta que los servicios públicos domiciliarios tienen una función social, lo cual no significa que su prestación deba ser gratuita pues el componente de solidaridad que involucra implica que todas las personas contribuyen al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado a través de las empresas prestadoras de servicios públicos, dentro de conceptos de justicia y equidad (CP art. 95-9 y 368)»
Con base en lo anterior, esta Corporación ha señalado incluso que el incumplimiento de la obligación de pagar por la prestación del servicio puede acarrear la imposición sanciones, como por ejemplo el cobro, a cargo del usuario, de los intereses de mora que se contemplan en el artículo 96 de la Ley 142 de 1994.

5.1.2. La suspensión del servicio por parte de la empresa por el incumplimiento del usuario de su obligación de pagar, es la consecuencia que se deriva de dicho incumplimiento. Para el actor, esta consecuencia vulnera la Carta porque «implica el desmejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y de la población» (art. 365 de la C.P.). Así pues, la Corte coincide con el actor en el sentido de que «los servicios públicos tienen fuertes implicaciones sobre la calidad de vida de las personas, y de contera sobre la vigencia de los derechos a la salud, la vida y la dignidad». No obstante, la trascendencia social de los servicios públicos –y, en particular, de los domiciliarios– no justifica que los usuarios de los mismos puedan desconocer sus obligaciones contractuales.

Por el contrario, la jurisprudencia en materia de acción de tutela proferida por esta Corporación sobre el particular, dispone que la mora del usuario en cancelar sus obligaciones permite que la empresa prestadora del servicio, en aras de garantizar la prestación del servicio a los demás usuarios, dé aplicación a las normas que lo regulan y que, por lo tanto, proceda a su corte y suspensión como máximo luego del incumplimiento en el pago de tres facturas…

Status: