Sentencia Número T-426 de 18-08-1998.

Sentencia Número T-426 de 1998.

Fecha: 18-08-1998.
Entidad de Origen: Corte Constitucional.
N° de Sentencia : T-426.
Temas:

  • Excepcionalidad de la procedencia de la acción de tutela para solicitar la nulidad del despido que ocurrió como consecuencia del embarazo.
  • Despido en embarazo y contratos a término fijo.
  • Necesidad de probar la comunicación oportuna del embarazo y relación causal entre el despido y el estado de gravidez.

 
Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero.
Acciones de tutela instauradas:

  • Maricris Gallardo Rizzo y Flor Maritza Hernández Briceño

Fuente

Sentencia Número T-426 de 1998. Corte Constitucional.

Concordancias

 

Legislación

Decreto Número 2591 de 19-11-1991. Presidencia de la República.

Ley Número 50 de 28-12-1990. Congreso de la República.

Jurisprudencia

N/A

Doctrina

N/A



Contenido de la Fuente

 

Sentencia T-426/98

MUJER TRABAJADORA EMBARAZADA-Protección constitucional especial

La reciente jurisprudencia de esta Corporación ha dejado en claro que la mujer embarazada tiene derecho a gozar de una especial protección en su trabajo, pues la Constitución y los tratados internacionales imponen al Estado y a la sociedad la obligación de respetar el derecho de la mujer, en embarazo o en período de lactancia, a gozar de una “estabilidad laboral reforzada”. En efecto, el Legislador ha considerado ilegal todo despido cuyo motivo sea el embarazo o la lactancia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo. Igualmente, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el despido en los periodos legalmente amparados dentro de la maternidad y de la lactancia, sin que medie autorización previa del funcionario competente, será considerado nulo.

ACCION DE TUTELA-Casos excepcionales de reintegro por despido de mujer embarazada

La jurisprudencia constitucional ha señalado que la regla general es la improcedencia de la acción de tutela para obtener el reintegro al cargo por ineficacia del despido, como quiera que el mecanismo procesal adecuado es la demanda ante la jurisdicción ordinaria laboral, en caso de empleados privados o trabajadores oficiales y, la acción contenciosa ante la jurisdicción contencioso administrativa para las empleadas públicas. No obstante, esta regla tiene una excepción, esto es, la desvinculación al empleo de la mujer embarazada sólo puede pretenderse a través de acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable cuando se busca proteger el mínimo vital de la futura madre o del recién nacido.

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