Sentencia Número 52001233100019980018201 de 01-07-2015. Consejo de Estado.

Sentencia Número 52001233100019980018201 de 01-07-2015. Consejo de Estado. Medio ambiente.

Fecha:01-07-2015.
Entidad de Origen:Consejo de Estado.
N° de Sentencia:52001233100019980018201.
Tema:Solicitan inclusión del tema ambiental en las negociaciones de paz.
Consejero Ponente:Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Accionante:Rosalba Alba Taques y otro.
Medio de control:Acción de reparación directa.

Fuente

Sentencia Número 52001233100019980018201 de 01-07-2015. Consejo de Estado.

Concordancias

Legislación

Decreto Número 1414 de 17-07-1975. Presidencia de la República.

Decreto Número 359 de 22-02-1995. Presidencia de la República.

Decreto Número 1260 de 27-07-1970. Presidencia de la República.

Decreto Número 1305 de 02-07-1975. Presidencia de la República.

Decreto Número 2728 de 02-11-1968. Presidencia de la República.

Ley Número 131 de 31-12-1985. Congreso de la República.

Ley Número 1448 de 10-06-2011. Congreso de la República.

Ley Número 975 de 25-07-2005. Congreso de la República.

Ley Número 446 de 07-07-1998. Congreso de la República.

Ley Número 200 de 28-07-1995. Congreso de la República.

Ley Número 48 de 03-03-1993. Congreso de la República.

Decreto Número 2063 de 14-11-1996. Presidencia de la República.

Jurisprudencia

N/A.

Doctrina

Resolución número 1842, de 27 de octubre de 2000

Solicitan inclusión del tema ambiental en las negociaciones de paz – Análisis Público.

Solicitan inclusión del tema ambiental en las negociaciones de paz – Actualidad Público.



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUB-SECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Bogotá, D.C., primero (1) de julio de dos mil quince (2015)

Radicación: 52 001 23 31 000 1998 00182 01 (30385)
Actor: Rosalba Alba Taques y otro
Demandado: Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y otros
Asunto: Acción de reparación directa (sentencia)

Decide la Sala de Sub-sección el recurso de apelación interpuesto la parte demandada contra la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2004 el Tribunal Administrativo de Nariño en la que se resolvió (1) declarar la responsabilidad de las entidades demandadas, y, (2) condenarlas a la indemnización por concepto de perjuicios morales y materiales [lucro cesante] a los miembros del grupo de afectados que reclamó por la muerte de Servio Tulio Ceballos Palma [fls.431 y 432 cp].

ANTECEDENTES

1. La demanda.

1 La demanda fue presentada el 3 de abril de 1998 por Rosa Alba Taques en nombre propio y en representación de su hijo menor Oscar Andrés Taques, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del C.C.A., con el objeto de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas [fls.2 a 4 c1]:
“[…] PRIMERA: Que la NACION, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA, es responsable civil y administrativamente de todos los daños y perjuicios, tanto morales como materiales causados a las siguientes personas: ROSA ALBA TAQUES y OSCAR ANDRES TAQUES, la primera en calidad de compañera permanente y el segundo en calidad de hijo extramatrimonial del señor: SERVIO TULIO CEBALLOS PALMA, fallecido en hechos ocurridos el 15 de abril de 1996 en Jurisdicción [sic] del Municipio [sic] de Puerres –
Nariño, cuando prestaba Servicio Militar [sic] como Soldado Regular [sic] del Ejército Colombiano, en el GRUPO CABAL MECANIZADO No. 3, acantonado en Ipiales – Nariño, siendo enviado en forma irregular a cumplir una misión riesgosa y resultando víctima de una emboscada guerrillera que desembocara en masacre, como consecuencia de acciones y omisiones en las que incurrió el Ejército Nacional. Lo que sin lugar a duda constituye una falla presunta del servicio […]

SEGUNDA: Condénese a la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA a pagar a: ROSA ALBA TAQUES y OSCAR ANDRES TAQUES, por intermedio de su Apoderado [sic] todos los daños y perjuicios, tanto materiales como morales ocasionados por la muerte de su compañero permanente y padre del menor SERVIO TULIO CEBALLOS PALMA de acuerdo a la siguiente liquidación o la que se demostrará en el proceso así:
a) La suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/C/TE. ($120’000.000.oo) por concepto de LUCRO CESANTE, correspondiente a las cantidades de dinero que el señor SERVIO TULO CEBALLOS TAQUES, dejó de producir, ya que a la época de su fallecimiento como Soldado Regular [sic] del Ejército de Colombia, y a la fecha de su liquidación le correspondía la suma de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. ($318.970.oo) mensuales correspondientes al Grado [sic] de Cabo Segundo.
[…]
[…] En caso de no aceptarse el sueldo último que se le otorgó como Cabo Segundo, téngase en cuenta el salario mínimo incrementado en un 25% anual, del que estaba vigente legalmente para los trabajadores del sector urbano.
b) PERJUICIOS MORALES: MIL GRAMOS DE ORO FINO (1.000 gr.) para su compañera permanente y MIL GRAMOS ORO FINO (1.000 gr.) para su hijo menor […]
TERCERA: La Nación dará cumplimiento a la sentencia dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la misma, en la forma establecida en los Arts. 176, 177 y
178 del C.C.A” [fls.2 a 4 c1].

2 Como fundamento de las pretensiones, la parte actora presentó como hechos los que a continuación extrae la Sala:
“[…] PRIMERO.- SERVIO TULIO CEBALLOS PALMA y ROSA ALBA TAQUES, convivieron en unión libre por más de dos años, convirtiéndose la mujer en su compañera permanente. De dicha unión libre nación el niño OSCAR ANDRES, siendo bautizado con el apellido de la madre únicamente.
Los padres no tuvieron el cuidado de llevar a cabo el reconocimiento como hijo extramatrimonial, confiados en su juventud y sin entender que la vida de uno de los compañeros en cualquier momento se puede extinguir, como ocurrió con la de SERVIO TULIO CEBALLOS PALMA.
Después de la muerte del citado SERVIO TULIO, por intermedio del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR I.C.B.F Centro Zonal No. 4 de Ipiales, la Defensoría de Familia, presentó la demanda de filiación extramatrimonial y petición de herencia a favor del menor OSCAR ANDRES TAQUES.
La demanda correspondió al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia donde cursó el proceso en el que mediante sentencia del 13 de Marzo [sic] de 1998 el Juzgado resolvió declarar que el señor SERVIO TULIO CEBALLOS PALMA fallecido el día 15 de Abril [sic] de 1996, fue el padre extra-patrimonial [sic] del menor OSCAR ANDRES TAQUES, nacido en Ipiales el 8 de Julio [sic] de 1994. Igualmente ordenó la corrección del registro civil de nacimiento, situación que hasta el momento de presentar la demanda no se ha llevado a cabo, por cuanto la sentencia debe ser consultada ante el TRIBUNAL SUPERIOR DE NARIÑO. Una vez en firme el Fallo [sic] se procederá a la corrección.
SEGUNDO.- En el año 1995, el joven SERVIO TULIO CEBALLOS PALMA, fue reclutado como soldado regular, siendo asignado para prestar el servicio militar obligatorio en el Grupo Cabal Mecanizado No. 3, acantonado en el Municipio [sic] de Ipiales – Nariño, estando en cumplimiento de su servicio militar, fue asignado junto con un contingente, a prestar servicio de vigilancia, en el sector del Oleoducto [sic] Transandino que cruza por Nariño, cerca de la frontera con la República del Ecuador, exactamente en el sitio denominado Los Alisales.
TERCERO.- El día lunes 15 de abril de 1996, siendo las 6:00 de la tarde, aproximadamente, regresaba la comisión de soldados del Ejército Nacional desde la base militar <>, situada en la zona rural del Municipio [sic] de Puerres – Nariño tras cumplir su misión de custodia desde el citado oleoducto, con dirección a Ipiales – Nariño.
CUARTO.- Al pasar por el sitio El Rosal, Vereda El Páramo desplazándose a una distancia no reglamentaria para estos casos de marchas, no observaban la distancia prudencial entre cada uno de los vehículos en que se transportaban, cuando las medidas de seguridad imponían reglamentariamente una distancia superior a los mil metros entre vehículo y vehículo, un grupo de guerrilleros en número aproximado a ciento cincuenta emboscaron con facilidad a los uniformados, inicialmente con minas de dinamita enterradas en la carretera y posteriormente acribillándolos con disparos de fusil, hechos en los que resultó muerto el soldado regular SERVIO TULIO CEBALLOS PALMA, junto a 31 compañeros que conformaban la patrulla.
[…]
SEPTIMO.- […] En Colombia desde hace 45 años el Ejército Nacional viene luchando en contra de los grupos subversivos existentes, ese no tan corto tiempo debe ser la base fundamental, para que por la experiencia, el servicio de inteligencia debe estar acorde con las necesidades […]” [fls.4 a 5 c1].

En el apartado de las declaraciones y condenas se incorporaron los siguientes hechos que debe reseñar la Sala:
“[…] teniendo en cuenta que SERVIO TULIO CEBALLOS PALMA, a la fecha de su muerte tenía 23 años, y como tal una esperanza de vida que podía perfectamente sobrepasar el promedio de edad establecido, para Colombia, ya que era una persona que gozaba plenamente de salud.
Del sueldo que devengaba en el cargo mencionado, el 50% lo destinaba al sostenimiento y apoyo de su compañera permanente ROSA ALBA TAQUES y su hijo menor OSCAR ANDRES TAQUES, quienes dependían para su sustento, en gran parte del salario que recibía SERVIO TULIO, de tal manera que con su fallecimiento su familia sufrió grave detrimento moral y material, pues no solo perdieron a quien cooperaba por su sustento físico, sino que su ausencia, ocasionada por una acción tan violenta afectó gravemente el laso sentimental que los unía” [fl.3 c1].

2. Actuación procesal en primera instancia.

3 El Tribunal Administrativo de Nariño admitió la demanda mediante auto de 22 de abril de 1998 [fl.45 c1], la que fue notificada a las entidades demandadas el 4 de agosto de 1998, por conducto del Comandante del Batallón de Infantería número 9
“Batallón de Boyacá” [fl.50 c1].

4 La Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional, oportunamente contestó la demanda [fls.55 a 63 c1] en la siguiente forma: (1) a los hechos: el primero debía probarse; el segundo debía probarse; el tercero era cierto “que el 15 de abril de 1996 regresaba una patrulla del Ejército Nacional desde la Base Militar de Alisales”; el cuarto era parcialmente cierto porque “al pasar la patrulla militar por el sitio El Rosal, vereda el Páramo fueron emboscados por un grupo de guerrilleros en número aproximado de 150, inicialmente con minas de dinamita enterradas en la carretera y posteriormente acribillándolos con disparos de fusil”.
Pero no era cierto “que los vehículos militares que se desplazaban por el sitio El rosal, vereda el Páramo, transitaran violando las normas reglamentarias y NO ES CIERTO que la distancia reglamentaria para el desplazamiento de los vehículos militares sea de 1.000 metros, lo cual es absurdo porque implicaría que cada vehículo militar transitara independientemente del resto de su caravana”; el quinto debía probarse; el sexto debía probarse y no era cierto; y, el séptimo cierto que
“los hechos de la demanda no constituyen caso fortuito, sino el hecho de un tercero (guerrilla) con sus rasgos de imprevisibilidad e irresistibilidad” [fls.55 y 56 c1].

4.1 Como razones de la defensa se consideró: (1) en “este caso, se presenta la causal de exoneración <>, el cual está constituido por el actuar de la guerrilla que en procura de sus objetivos no les importa asesinar a jóvenes soldados que hacen parte de ese pueblo, que dicen defender. Esos ataques guerrilleros reúnen 2 características esenciales debido a la situación de guerra generalizada que vive el País [sic]: La [sic] Imprevisibilidad [sic] y la
Irresistibilidad [sic]”; (2) por “la conducta homicida de los grupos guerrilleros, no debe adjudicársele ninguna responsabilidad a la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ya que ésta, suministró al personal desplazado a la Base Militar de Alisales, instrucción idónea para hacerle frente a las incursiones guerrilleras y armamento suficiente para poder contrarrestar la acción de los subversivos”; (3) en cuanto a la omisión “hay que advertir que si bien la Fuerza Pública [sic] para el caso, debe por principio estar atenta y dispensar la vigilancia permanente, redoblada cuando la necesidad, las circunstancias o el requerimiento lo indiquen; lo mismo en zonas urbanas que en áreas rurales para la seguridad de las personas y protección de los bienes donde quiera que se encuentren, ésta afirmación no puede entenderse en términos absolutos, de modo que comprometa la responsabilidad del Estado por no encontrarse en disponibilidad inmediata, adecuada y en todo lugar, porque es evidente que no puede esperarse que sea omnipotente, omnisciente y omnipresente por principio. Su presencia inminente para la cobertura de todo el territorio nacional es un ideal jurídico, un deber ser, que debe entenderse como un deber ser relativo a su poder, referido a la posibilidad de actuar con los efectivos que tiene a su servicio, la información que puede recaudar por sí y con la colaboración de los ciudadanos (lo cual es un deber de éstos), y la posibilidad de desplazarse en la geografía nacional, para velar por todos y cada uno de los colombianos. En ningún momento es desdeñable la reflexión necesaria para el juzgamiento, atinente a la extensión superficiaria del territorio nacional, las características geográficas, la gravísima situación de orden público que alcanza los niveles de una guerra interna no declarada entre el orden legítimo y la subversión”; (4) debe “tenerse en cuenta que en el caso del soldado SERVIO TULIO CEBALLOS PALMA, la muerte en combate y por acción directa del enemigo, constituye uno de los riesgos propios del servicio, por lo que debe descartarse cualquier responsabilidad de la NACION, más aún cuando ella a través del Ministerio de Defensa Nacional reconoció a sus beneficiarios, las indemnizaciones legales pertinentes, todo ello de conformidad al Decreto 2728 de 1968, Decreto 1414 de 1975, Decreto 1305 de 1975 y ley 131 de 1985, con las prerrogativas que esas mismas normas consagran como un ascenso póstumo al grado inmediatamente superior que en el caso del soldado SERVIO TULIO CEBALLOS PALMA fue el de Cabo Segundo”; (5) con relación a los perjuicios materiales “en la modalidad de lucro cesante en cuantía exagerada, aduciendo que el occiso al momento de su fallecimiento le correspondía la suma de $318.970 mensuales correspondientes al grado de Cabo Segundo. Esta pretensión no puede prosperar por cuanto si el soldado Servio Tulio Ceballos Palma fue ascendido al grado de Cabo Segundo, lo fue en forma póstuma con ocasión de su muerte por lo que no se puede pretender que se liquida lucro cesante teniendo en consideración la cuantía de los ingresos percibidos por sus beneficiarios con ocasión de su muerte, ya que para liquidarse deben tenerse en cuenta los ingresos que percibía al momento de su fallecimiento”; y, (6) las “informaciones contenidas en los medios de comunicación no constituyen prueba de la falla del servicio” [fls.56 a 61 c1].

4.2 En escrito separado, la apoderada de las entidades demandadas presentó solicitud de llamamiento en garantía del “Teniente Coronel (r) ALBERTO MORENO SANCHEZ, Mayor (r) JUAN RAFAEL ANTONIO LALINDE GOMEZ, Capitán (r) RICARDO ARTURO VASQUEZ RIOS y Subteniente (r) DARIO
ERNESTO CORAL LUCERO” [fls.68 a 70 c1].

5 En esta instancia el apoderado de la parte actora presentó escrito de aclaración y corrección de la demanda [fls.71 a 73 c1]. La “aclaración consiste en que para todos los efectos del proceso indemnizatorio, estos se reconocerán a favor de ROSA ALBA TAQUEZ, en calidad de madre y de su hijo menor OSCAR ANDRES CEBALLOS TAQUEZ […] Esta corrección teniendo en cuenta que a la presentación de la demanda, si bien es cierto ya existía una sentencia mediante la cual se reconocía a OSCAR ANDRES TAQUEZ como hijo extramatrimonial de SERVIO TULIO CEBALLOS PALMA y ROSA ALBA TAQUEZ, dicho fallo aún no se encontraba en firme por cuanto se encontraba en el TRIBUNAL SUPERIOR DE NARIÑO en consulta. En el presente OSCAR ANDRES TAQUEZ, se encuentra reconocido debidamente como hijo extramatrimonial de ROSA ALBA TAQUEZ y SERVIO TULIO CEBALLOS PALMA, según sentencia confirmada por el TRIBUNAL SUPERIOR DL DISTRITO JUDICIAL – SALA DE DECISION CIVIL
DE FAMILIA DE PASTO” [fls.71 y 72 c1]. Y se corrige los apellidos de Oscar Andrés para que aparezca Ceballos Taquez [fl.72 c1].

6 La adición a la demanda fue admitida por providencia del Tribunal de 3 de septiembre de 1998 [fls.113 y 114 c1], la que fue notificada el 28 de julio de 1999 por conducto del Comandante del Batallón de Infantería número 9 “Batallón de Boyacá” [fl.186 c1].

7 El Teniente Coronel (r) Alberto Moreno Sánchez radicó el 14 de abril de 1999 escrito con el que solicitó la negación de las pretensiones de la demanda [fls.115 y 116 c1], afirmando (1) que las instancias judiciales competentes lo absolvieron del delito de prevaricato con ocasión de los hechos ocurridos en Puerres, Nariño “y se decretó la nulidad de lo actuado en el proceso disciplinario”; (2) que la “Justicia Penal Militar me absolvió de los cargos, esto es que no encontró en mi conducta como comandante del Grupo Mecanizado Cabal, dolo o culpa”; (3) los hechos acaecidos en Puerres “como los de Patascoy y otros ocurridos con posterioridad son también obra de la acción de terceros que convertidos en verdaderas hordas, en verdaderas empresas criminales asesinaron sin piedad a los hombres que no hacían otra cosa que servirle a su Patria [sic]. La brutal emboscada resultó irresistible para los miembros de la Fuerza [sic] Pública [sic], siendo imposible evitarlo, porque el Estado no estaba en capacidad de “evitar hasta el último riesgo y hasta la más imprevisible amenaza”1.

1 Con el escrito allegó: (1) copia simple de la providencia de 18 de noviembre de 1998 proferida por el Juez Primera Instancia, Comandante de la Tercera Brigada, en la que se resolvió: “[…]
PRIMERO: DECLARAR que dentro del presente proceso adelantado en contra de los señores TC. ALBERTO MORENO SANCHEZ, MY. JUAN RAFAEL LALINDE GOMEZ, CT. RICARDO ARTURO VASQUEZ RIOS, SP. RAMIRO RICAURTE MOREANO HERBAS y SV. CARLOS OCTAVIO VALBUENA PINTOR no existe mérito para convocar Consejo de Guerra. SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior determinación CESAR PROCEDIMIENTO que por el delito de PREVARICATO POR OMISION se haya adelantado en contra de los señores TC. ALBERTO MORENO SANCHEZ, MY. JUAN RAFAEL LALINDE GOMEZ, CT. RICARDO ARTURO VASQUEZ
RIOS, SP. RAMIRO RICAURTE MOREANO HERBAS y SV. CARLOS OCTAVIO VALBUENA PINTOR […] TERCERO; Declarar que dentro del presente proceso penal la acción no puede proseguirse contra el CT. VASQUEZ RIOS RICARDO ARTURO por el delito de HOMICIDO por estar probada causal de justificación. CUARTO: Como consecuencia de la anterior determinación judicial CESAR PROCEDIMIENTO que por el delito de HOMICIDIO se haya adelantado en contra del CT. RICARDO ARTURO VASQUEZ RIOS […]” [fl.162 c1]. A tales decisiones se llegó con base en las siguientes argumentaciones: “[…] Del abundante material probatorio se puede concluir que, efectivamente, el día 15 de Abril [sic] del año de 1.996 a eso de las cinco de la tarde, una patrulla militar al mando del CT. RICARDO ARTURO VASQUEZ RIOS que se desplazaba desde las Bases de Alisales y El [sic] Páramo hacia Ipiales en seis vehículos Avir, fue alevemente emboscada por guerrilleros de las FARC que dinamitaron la carretera, explotaron el oleoducto transandino y remataron a quienes sorprendieron con vida, luego de tan cruel acción. Sobrevivieron a los trágicos hechos 19 integrantes de la patrulla, once de ellos con heridas que no revistieron gravedad y facilitaron su recuperación. Las condiciones climáticas, topográficas, la oscuridad, el impacto recibido, la cantidad de insurgentes fuertemente armados y equipados, etc. hicieron que ese reducido número de sobrevivientes no pudiera defenderse en debida forma y solo con reacciones individuales lograron mantenerse vivos hasta el día siguiente cuando llegaron del Grupo a rescatarlos. En este proceso se ha discutido que en días anteriores se había recibido información acerca de la presencia de sujetos extraños por los lados de la Antena [sic], que tal situación había sido puesta en conocimiento de los Comandantes de las Bases de Alisales y el Páramo e incluso mediante radiogramas al Comando del Grupo Cabal en la ciudad de Ipiales […] Es preciso aclarar que el Honorable Tribunal Superior Militar cesó procedimiento a favor de los imputados CT. VASQUEZ RI

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