Sentencia Número 17708 de 05-05-2011. Consejo de Estado.

Sentencia Número 17708 de 05-05-2011. Consejo de Estado.

Fecha: 05-05-2011.
Entidad de Origen: Consejo de Estado.
N° de Sentencia:17708.
Tema:Declaración del impuesto sobre la renta y complementarias.
Nota de vigencia:vigente.
Consejero Ponente:Martha Teresa Briceño de Valencia.
Accionante:LA MONEDITA DE ORO LTDA..
Medio de control:Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
.

Fuente

Sentencia Número 17708 de 05-05-2011. Consejo de Estado.

Concordancias

Legislación

Ley N° 1437 de 18-01-2011,artículo 135. Congreso de la República.

Artículos 107, 684, 705, 706, 714 y 770 del Estatuto Tributario

Doctrina

N/A

Jurisprudencia

N/A



Sentencia Número 17708 de 05-05-2011. Consejo de Estado.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Bogotá, D.C. cinco (5) de mayo de dos mil once (2011)
Consejero ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia
Radicación número: 25000-23-27-000-2007-00164-01(17708)
Actor: LA MONEDITA DE ORO LTDA.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

FALLO

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada contra la sentencia del 1 de abril de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que dispuso:

“1. ANÚLENSE PARCIALMENTE la liquidación oficial de revisión Nº 300642006000018 del 13 de marzo de 2006 y la Resolución Nº 30066200700003 del 20 de febrero de 2007, proferidas por la División de Liquidación y la División Jurídica Tributaria de la Administración Especial de Impuestos de las Personas Jurídicas de Bogotá, por medio de las cuales modificó a la sociedad LA MONEDITA DE ORO LTDA. NIT 800.149.502-9 la declaración del impuesto sobre la renta y complementarias correspondiente al año gravable de 2002.
2. MODIFÍCANSE los actos administrativos señalados en el numeral anterior, conforme a la liquidación que obra en la parte motiva de esta providencia.
3. No se condena en costas por cuanto no aparecen probadas.
4. En firme esta providencia y hechas las anotaciones correspondientes, archívese el expediente, previa devolución de los antecedentes administrativos a la oficina de origen, y de gastos del proceso a la parte demandante, si a ello hubiera lugar. Déjense las constancias del caso”.

ANTECEDENTES

El 4 de abril de 2003, la sociedad La Monedita de Oro Ltda. presentó la declaración de renta y complementarios por el año 2002 con un saldo a pagar de $2.034.000, la cual fue corregida el 25 de julio de 2003, en la que determinó un saldo a pagar de $27.475.000[7].

Previo Requerimiento Especial Nº 300632005000078 del 5 de julio de 2005 y su respectiva respuesta, la DIAN modificó la declaración de renta de la sociedad, mediante la Liquidación Oficial de Revisión No. 300642006000018 del 13 de marzo de 2006, en los siguientes puntos: a) adicionó ingresos por ventas brutas por $216.792.479 por venta de divisas; b) rechazó por salarios, prestaciones y otros conceptos $11.171.396; c) rechazó intereses y demás gastos financieros por $5.927.000; d) rechazó otras deducciones por $3,708.000; e) impuso sanción por irregularidades en la contabilidad por $402.000 por llevar doble contabilidad y por no llevar los libros de contabilidad en forma que permitan verificar los factores necesarios para establecer las bases de liquidación de los impuestos; y f) impuso sanción por inexactitud por $135.890.000. En consecuencia, determinó un saldo a pagar de $244.090.000[8].

La liquidación de revisión fue confirmada por medio de la Resolución Recurso de Reconsideración Nº 300662007000003 del 20 de febrero de 2007, que decidió el recurso interpuesto por la contribuyente[9].

DEMANDA

La sociedad La Monedita de Oro Ltda., solicitó la nulidad de la liquidación oficial de revisión y de la Resolución que la confirmó; a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se declarara la firmeza de la liquidación privada presentada por la sociedad demandante.

Invocó como normas vulneradas los artículos 107, 684, 705, 706, 714 y 770 del Estatuto Tributario. El concepto de violación lo resumió así:

1. Firmeza de la liquidación privada
Señaló que el vencimiento del término para presentar la declaración del impuesto de renta de 2002 fue el 7 de abril de 2003, por lo tanto el término para notificar el requerimiento especial vencía el 7 de abril de 2005.

Que la DIAN profirió el auto de inspección tributaria el 16 de marzo de 2005, por lo tanto, conforme con el artículo 706 del Estatuto Tributario, el término se suspendió por tres meses, es decir, hasta el 17 de junio de 2005. En consecuencia, al 17 de junio de 2005 faltaban 12 días para que se completaran los dos años que tenía la Administración para la notificación, lo cual tenía que ocurrir a más tardar el 6 de julio de 2005, y como la notificación se realizó el 7 de julio de 2005, fue extemporánea.

2. Deducción por gastos de salarios por $11.171.396
Señaló que la ley permitía la deducción de los salarios y prestaciones sociales pagados a los trabajadores, pues cumplían con el requisito básico de la necesidad para la producción de la renta de la sociedad. Que los argumentos expuestos por la Administración resultaban inválidos, pues de acuerdo con el artículo 684 del literal f) del Estatuto Tributario, la DIAN contaba con amplias facultades para determinar correcta y oportunamente los impuestos, pero facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda. Dijo que en este caso, la DIAN pudo observar las planillas de nómina y los formularios de autoliquidación, pues los pagos fueron allegados oportunamente.

3. Otras deducciones – gastos de arrendamiento por $3.708.000
Indicó que la Administración rechazó la deducción porque el contrato de arrendamiento de local comercial fue autenticado de 26 de febrero de 2003, es decir, en fecha posterior a la vigencia fiscal. Sin embargo, el contrato de arrendamiento del local comercial de Hacienda Santa Bárbara fue suscrito el 28 de septiembre de 2000 y había sido renovado cada año.

Sostuvo que la presentación ante Notario no era prueba suficiente, ya que en los libros de contabilidad se advertían los pagos efectuados por arrendamiento. Dijo que se debía tener en cuenta el artículo 264 del C. de P.C., sobre el alcance probatorio de los documentos privados frente a terceros.

Agregó que los gastos por arrendamiento eran necesarios para la actividad de la sociedad, conforme con el artículo 107 del Estatuto Tributario.

4. Préstamos de socios por $130.000.000
Dijo que de conformidad con el artículo 770 del Estatuto Tributario, la prueba de los pasivos, para contribuyentes obligados a llevar contabilidad, la constituye los documentos exigidos por la técnica contable para el registro de los asientos, pero no podía confundirse como lo señala la Administración con documentos de fecha cierta. Señaló que no se podía desconocer el mérito probatorio de los documentos que respaldaban los asientos contables y la contabilidad de la sociedad.

5. Venta de divisas
Señaló que fueron vulnerados los principios de publicidad y contradicción de la prueba, ya que la sociedad no tuvo la oportunidad de rebatir la prueba testimonial consistente en la información de los terceros. Que en consecuencia no se debían tener en cuenta. Que, además no era admisible probar las ventas de divisas con certificados de terceros, pues era necesaria la existencia del contrato o documento equivalente, que en este caso no ocurrió.

Que de tenerse en cuenta tal prueba para la venta de divisas, se debía tomar la tasa promedio de compra del día anterior y la tasa de venta del día; que la diferencia se multiplicaba por la cantidad de divisas y su resultado por el 16%, que era el IVA. Que, la diferencia era lo que constituía la base – ingreso para el IVA, lo que sería ingreso real constitutivo de renta y no como lo liquidó la DIAN.

6. Sanción por inexactitud
Consideró que la sanción era improcedente, pues el rechazo de las deducciones no se debió a su inexistencia o falsedad sino a la falta de su comprobación, conforme con el artículo 647 del Estatuto Tributario.

7. Sanción por libros de contabilidad
Consideró que en este caso no se tipificó la conducta descrita en el literal e) del artículo 654 del Estatuto Tributario, pues las irregularidades contables supuestamente detectadas por la Administración no configuraron la sanción, ya que con base en la contabilidad y demás documentos de la actora se pudieron determinar los factores base de liquidación.

Dijo que el hecho de que algunos asientos en los libros de contabilidad no estuvieran debidamente soportados con los correspondientes comprobantes, no significaba que se llevara una doble contabilidad. Además, para la imposición de la sanción debía demostrarse la responsabilidad subjetiva del agente o la culpabilidad.

En el escrito de adición a la demanda, indicó además la violación de los artículos 108, 117, 486-1 y 566 del Estatuto Tributario; 27 del Código Civil y 62 del Código de Régimen Político y Municipal.

En cuanto a la firmeza de la declaración tributaria señaló que la suspensión del término por la notificación del auto de inspección tributaria debía contarse a partir del 18 de marzo de 2005 (día siguiente a la notificación del auto – artículo 566 del Estatuto Tributario) y como faltaban 12 días hábiles para el cumplimiento de los dos años para la firmeza, la DIAN tenía hasta el 6 de julio de 2005 para notificar el requerimiento especial. Como el requerimiento fue puesto al correo el 6 de julio de 2005, se debía entender notificado el 7 de julio de 2005, es decir, por fuera del término legal.

En relación con la deducción por salarios manifestó que en los antecedentes administrativos estaban las certificaciones de CAFAM, ICBF, SENA, Pensiones y Obligatorias Santander y BBVA Pensiones y Cesantías Horizonte, con las cuales se probaba que la actora sí realizó los aportes que correspondían, por lo que la DIAN no los podía desconocer.

En cuanto a los gastos por arrendamiento, dijo que el rechazo de la DIAN se debía al contrato de arrendamiento del Local del Centro Comercial Salitre Plaza celebrado con Alfonso Fernández Riveros el 31 de diciembre de 2001. Que el hecho de que la diligencia de reconocimiento de firmas se hubiera llevado a cabo el 26 de febrero de 2003, no desvirtuaba la realidad de los pagos hechos en el año 2002, como se probaba con los comprobantes de egreso, que se allegaban. Dijo que el contrato estaba perfeccionado en la fecha de su suscripción, por lo que no era dable exigir el requisito pretendido por la DIAN.

En cuanto a la deducción por intereses y demás gastos financieros señaló que la partida rechazada era de $5.927.000 de intereses y gastos financieros por los préstamos de socios. Que tales pagos estaban registrados en los libros auxiliares y no superaban el límite legal. Indicó que para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, la prueba de los pasivos estaba constituida por los documentos idóneos, es decir, por los que fueran exigidos por la técnica contable para el registro de los asientos. Que estos podían ser de orden interno o externo. Advirtió que la DIAN no desconoció el pasivo, pero sí desconoció los pagos de intereses a socios.

En relación con la venta de divisas, explicó mediante un cuadro cómo se debían calcular los ingresos obtenidos por la actividad de compra y venta de divisas conforme con el artículo 486-1 del Estatuto Tributario. Que la ganancia estaba dada en la compra de la divisa a un precio para vender a otro superior, actividad que era constante. Señaló que la DIAN le dio un tratamiento incorrecto y arbitrario, pues las sumas adicionadas nunca ingresaron a la empresa. Explicó que la sociedad determinó cuantos pesos había ganado por dólar en la venta de divisas y que ese era el ingreso real sobre el cual calculó el IVA, como constaba en las facturas emitidas a las sociedades que compraron.

Dijo que respecto de la sanción por inexactitud mantenía los argumentos planteados en la demanda.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y DE LA ADICIÓN DE LA DEMANDA

La DIAN solicitó desestimar las pretensiones de la demanda, según los siguientes argumentos:

1. Propuso en primer lugar la excepción parcial de inepta demanda por inclusión de nuevos hechos no planteados ante la DIAN, como la deducción por gastos por salarios, deducción por gastos por arrendamiento, deducción por intereses y demás gastos financieros y adición de ingresos por venta de divisas. Que en el recurso gubernativo había propuesto la nulidad de la liquidación de revisión por

Status:

Publicaciones similares