Sentencia Número 12406 de 16-05-2002.Consejo de Estado.

Sentencia Número 12406 de 16-05-2002.Consejo de Estado.

Fecha: 16-05-2002.
Entidad de Origen: Consejo de Estado.
N° de Sentencia: 12406.
Tema: Rechazo de costos por falta de comprobantes.
Consejero Ponente: Juan Ángel Palacio Hincapié.
Accionante: Coordinadora Y Transportadora Caldas Ltda. “Cordicaldas” C/ La Nación
Medio de control: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Fuente

Sentencia Número 12406 de 16-05-2002.Consejo de Estado.

Concordancias

Legislación

Articulos 58,59,62,348-1, 647,655, 703,77 del Estatuto Tributario.

Jurisprudencia

N/A.

Doctrina

N/A.



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JUAN ÁNGEL PALACIO HINCAPIÉ
Bogotá, D.C., mayo dieciséis (16) de dos mil dos (2002)
REF.:EXPEDIENTE N° 17001-23-31-000-1999-0617-01-12406
ACTOR: COORDINADORA Y TRANSPORTADORA CALDAS LTDA. “CORDICALDAS” C/ LA NACIÓN
IMPUESTO RENTA-1995
– F A L L O –
Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuesto por la parte demandante y apelación adhesiva por la parte demandada contra el fallo proferido el 31 de enero de 2001, por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Antioquia, Caldas y Chocó, parcialmente estimatorio de las pretensiones de la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instauró la sociedad COORDINADORA Y TRANSPORTADORA CALDAS LTDA. “CORDICALDAS” contra los actos administrativos por medio de los cuales la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales determinó oficialmente el impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable de 1995.
ANTECEDENTES
A la declaración del impuesto sobre la renta presentada por la sociedad COORDINADORA Y TRANSPORTADORA CALDAS LTDA., por el año gravable de 1995 en la cual se registró un saldo a favor en cuantía de $87.088.000, la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Manizales practicó el Requerimiento Especial No. 00045 de fecha 17 de julio de 1998, mediante el cual propuso la modificación del denuncio privado en los conceptos de patrimonio líquido, adición de ingresos, rechazo de algunos costos y la imposición de sanciones por libros y por inexactitud. (folio 528 del cuaderno de antecedentes)
Previa respuesta al requerimiento especial, la Administración profirió la Liquidación Oficial de Revisión No. 900031 de fecha 8 de abril de 1999, mediante la cual se determinó oficialmente el impuesto de renta por el año gravable de 1995, aceptando algunas y rechazando otras que fueron propuestas en el requerimiento especial e imponiendo las sanciones por irregularidades en la contabilidad y por inexactitud. Se determinó en consecuencia como “total saldo a pagar” la suma de $260.194.000.
DEMANDA
La sociedad contribuyente, a través de apoderado judicial y en virtud de lo dispuesto por el artículo 283 de la Ley 223 de 1995, acudió directamente a la Jurisdicción y solicitó la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 60-10-083-900031 de abril 8 de 1999 y a título de restablecimiento del derecho se declare en firme la liquidación privada del impuesto de renta presentada por la sociedad por el año gravable de 1995 o en subsidio se practique una nueva liquidación para sustituir el acto acusado.
Invocó como normas violadas los artículos 39 y 40 del Decreto 2649 de 1993; 58, 59, 62, 348-1, 647, 655 y 703 del Estatuto Tributario; 29 de la Constitución Política; 22 del Decreto 836 de 1991; 1º del Decreto 373 de 1996 y 1º del Decreto 1336 de 1996, cuyo concepto de violación desarrolla a través de los siguientes cargos:
1. Rechazo de costos por valor de $503.988.000 declarados por la actividad de prestación de servicios.
Indicó que la sociedad en su declaración separó dos actividades ejercidas como productoras de renta: la de compra y venta de repuestos utilizada en la reparación de los vehículos y los ingresos por prestación de servicios de transporte.
Que los datos declarados en su denuncio rentístico reflejan fielmente los registros contables, así:

Ingresos renglón 10 $2.132.678.000
Ingresos renglón 11 519.108.000
Otros ingresos renglón 12 1.427.000
Otros ingresos renglón 14 4.268.000
Otros ingresos renglón 18 74.248.000 $2.731.729.000

COSTOS
Juego de inventarios
Inventario inicial renglón 19 $ 88.758.000
Más compras en el año 1.818.015.000
Mercancía disponible 1.906.773.000
Menos inventario final R 29 (78.110.000)
Costo de ventas 1.828.663.000
Otros costos 503.988.000 $2.332.651.000
UTILIDAD BRUTA 399.078.000

Gastos Generales tratados como deducciones

R 22 Salarios y prestaciones sociales $335.359.000
R 23 Intereses y gastos financieros 38.985.000
R 24 Comisiones y Honorarios 674.000
R 26 Depreciaciones 140.661.000
R 28 Otras Deducciones 6.611.000

Total Gastos – Deducciones $ 522.290.000

Pérdida Operacional $ 123.212.000

De acuerdo a lo anterior y con base en los artículos 39 y 40 del Decreto 2649 de 1993 y en el Concepto de la DIAN No. 183 de 1970, que hablan sobre la diferencia entre costos y gastos, señaló que en la declaración tributaria, la sociedad había separado los costos de los gastos. Además para la determinación de costos cuando se trata de enajenación de activos movibles, como el caso de los repuestos, se había utilizado el sistema de juego de inventarios (artículo 62 del Estatuto Tributario).
Indicó que otra cosa es que el formulario de la declaración de renta involucre en forma indistinta las erogaciones por costos y deducciones, al cual se ciñó la sociedad, pero distinguiendo en forma clara y precisa cuales fueron los ingresos y costos de cada actividad y cuales los gastos generales sin que de lugar a equívocos.
Agregó que el rechazo de los costos que afectaron los ingresos por la prestación de servicios, violaba las normas mencionadas anteriormente y atentaba contra la equidad y la justicia.
Se refirió a la causación de los costos, sistema llevado por la sociedad y consagrado en el artículo 59 del Estatuto Tributario y señaló que estos eran contabilizados en el momento en que nacía la obligación de pagarlos y su rechazo por parte de la administración obedecía a un error de apreciación al considerar violado el artículo 62 ibídem, pues el procedimiento que en él se consagra es para cuando la prestación del servicio involucra mercancías en existencia, mercancías compradas y existencia final, pero en el caso de la sociedad no había que utilizar ese procedimiento, pues para la prestación de servicios no hubo utilización de materias primas o mercancías, sino que estos costos corresponden a pagos de otros servicios que para su costeo no se requiere prueba diferente que la relación de los pagos con indicación, dentro de la contabilidad, del nombre del beneficiario, su identificación, el concepto y que esté soportado en un documento que reúna los requisitos exigidos por el artículo 22 del Decreto 836 de 1991, lo cual fue cumplido por la sociedad y no analizado por la Administración, que centró su atención a la falta de un inventario permanente.
Señaló que era una violación al 703 del Estatuto Tributario y al debido proceso, cuando la administración imputa a la sociedad la violación al artículo 53 del Código de Comercio, que se refiere a los registros contables, como quiera que no lo indicó a la contribuyente de forma clara y precisa en que consistió la violación aducida, de forma tal que pudiera ejercer debidamente su derecho de defensa.
Anotó que la declaración tributaria presentada por la actora, dentro de las limitaciones del formulario, contiene todos los elementos para identificar los costos de cada actividad, la de venta de productos y la de prestación de servicios, que corresponden en este caso a parqueo de vehículos, cargues y descargues, fletes a otras empresas, contribución de peajes, gastos de combustibles y lubricantes, seguros de vehículos de transporte e impuesto de vehículos de transporte, entre otros.
Explicó que cuando la administración hace referencia a la determinación de los costos de mercancías vendidas por el sistema de inventarios permanentes, no se está refiriendo a los costos de la actividad de servicios, que es el punto discutido, sino a la determinación de los costos cuando interviene la compraventa de mercancías; y exigir la aplicación del sistema de inventario permanente para el año gravable de 1995, es dejar de aplicar los artículos 1º del Decreto 373 de 1996 y 1º del Decreto 1336 de 1996, por medio de los cuales se fijó el plazo para adoptar y poner en práctica del sistema de Inventarios Permanentes primero hasta el 1º de enero de 1997 y luego hasta el 1º del julio del mismo año.
Consideró igualmente violado el artículo 348-1 del Estatuto Tributario, sobre ajustes de los ingresos, costos y gastos del período gravable, pues los pagos correspondientes a costos en la actividad por prestación de servicios ascendieron a $457.324.000, suma que fue ajustada por inflación según la norma mencionada en la suma de $46.664.000, por lo que fue solicitado como costo $503.988.000, debiendo aceptar la Administración la totalidad de este costo declarado.
2. Desconocimiento de costos declarados en cuantía de $9.974.000
Señaló que la Administración rechazó esta suma con fundamento en la carencia de soportes, o los soportes en forma minerva, con terceros ilegibles, memorando (soporte interno), sobre lo cual afirmó que cuando los soportes son de orden interno, registran contabilizaciones de operaciones que no tienen relación con terceros, como son las provisiones, amortizaciones, depreciaciones, mientras que los de orden externo si registran operaciones con terceros, puede estar expedido en forma minerva o cualquier otra forma preimpresa, siempre y cuando cumpla los requisitos exigidos en el artículo 22 del Decreto 836 de 1991, como son el nombre, apellido o razón social del beneficiario, identificación tributaria, concepto genérico o específico del gasto, valor de la negociación, fecha de la operación y discriminación del impuesto sobre las ventas si está obligado a facturar.
Acusó el proceder de la Administración como violatorio del debido proceso y del derecho de defensa del contribuyente, como quiera que cuando afirma que los soportes no llenan los requisitos legales, no dice de forma concreta cual, y para identificar documentos que soportan costos por $9.974.000 sin decir cuales, de un total de gastos de $1.818.015.000 es imposible, como es imposible así, ejercer el derecho de defensa, por lo tanto se incurre nuevamente en la violación delartículo 703 del Estatuto Tributario sobre la falta de sustentación del requerimiento especial.
3. Sanción por libros de contabilidad. Acusó La violación del artículo 655 del Estatuto Tributario, que ordena la cuantificación de la sanción por libros de contabilidad en el medio por ciento (0.5%) del mayor valor del patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior de su imposición, por lo tanto si la sanción se impuso en una liquidación oficial practicada en 1999, el año anterior a su imposición es 1998.
Se refirió a la sentencia de esta Corporación de fecha 21 de febrero de 1997, expediente 7999, citada en la liquidación oficial y en la que indica que la infracción por la cual se está sancionando al contribuyente, sea de tal magnitud que no permita establecer o determinar los factores necesarios para la cuantificación del impuesto y que coincida con el supuesto del literal e) del artículo 654 del Estatuto Tributario, que es no llevar libros de contabilidad en forma que permitan verificar o determinar los factores necesarios para establecer las bases de liquidación de los impuestos o retenciones.
Que en el presente caso, la adición de ingresos no se debió a la falta de contabilización, sino a un error en la aplicación de las formulas en los ajustes por inflación, que el rechazo de los costos por valor de $9.974.000 fue por la falta de requisitos de los soportes y por valor de $503.988.000 fueron rechazados bajo el argumento de que la actora no determina los costos por el sistema de inventarios permanentes o continuos, por lo tanto ninguno de estos hechos que dieron lugar a un incremento en la base gravable, se debió a la violación del literal e) del artículo 654 del Estatuto Tributario y en este sentido no es posible cuantificar la sanción por libros de contabilidad con base en los ingresos del año de 1994 o el patrimonio del mismo año, sino en la forma que lo aceptó la sociedad en respuesta al requerimiento especial.
4. Sanción por inexactitud. Con fundamento en el artículo 647 del Estatuto Tributario consideró improcedente su imposición, toda vez que los conceptos que incrementaron el mayor valor a pagar obedecieron a factores probatorios, lo cual no es constitutivo de hecho sancionable, pues los conceptos declarados son ciertos y no corresponden a omisión de ingresos o determinación de costos inexistentes.
Finalmente señaló que el incremento de la base gravable da lugar a una mayor contribución especial por lo que al aceptarse las pretensiones de la demanda la cuantificación de la mencionada contribución se haría en un 25% del impuesto generado a su cargo.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La Nación, a través de apoderado judicial concurrió al proceso y se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. En primer lugar se refirió al rechazo de costos declarados en el renglón 21 “Compras o costo de ventas otras actividades” por valor $503.988.000, sobre lo cual señaló que ello se debía a que la sociedad no manejaba un inventario permanente valuados a costos promedios, a pesar de manejarse contablemente la cuenta COSTO DE VENTAS, además se solicitaron las tarjetas Cardes, obligatorias para este tipo de inventarios, que no fueron presentadas por la sociedad, quien pretende suplirlas con la relación de los terceros con quienes se realizaron las operaciones; además se encontró que en libro de inventarios y balances, en la cuenta 145525 no se identifican los productos existentes a 31 de diciembre de 1995, sino que simplemente se identifica el proveedor, por lo tanto no se conocen las existencias de las mercancías en cualquier momento, ni se puede determinar su real costo de venta.
Señaló que los anteriores hechos fueron los motivos que dieron lugar al rechazo del costo declarado, los cuales no fueron desvirtuados por la sociedad, pretendiendo desviar la atención de la DIAN, manifestando que el valor rechazado corresponde a deducciones causadas con motivo de su actividad económica principal de servicio de transporte de carga.
Defendió igualmente el rechazo de la suma de $9.974.000 declarados dentro del renglón 20 “Compras o costo de ventas actividad económica principal” por cuanto los documentos que fueron exhibidos como soporte externo de los mismos, no cumplen los requisitos mínimos establecidos en el artículo 42 de la Ley 49 de 1990 en concordancia con el artículo 632 del Estatuto Tributario.
Controvirtió el argumento de la actora cuando afirma que no se tuvieron en cuenta las explicaciones rendidas en vía gubernativa, pues está demostrado que la Administración aceptó los errores en que incurrió en cuanto a la adición de ingresos, lo cual no puede implicar mala fe ni abuso con el contribuyente.
Finalmente propuso la excepción de inepta demanda por ausencia del presupuesto procesal de las normas violadas y concepto de la violación, pues las esgrimidas por la actora carecen de fundamentación legal y pretenden desconocer las facultades de investigación y fiscalización de la DIAN, además las normas violadas que cita, son precisamente las que sustentan la actuación de la Administración.

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