Sanciones por tercerización ilegal.

Conozca las sanciones a las que puede verse sometida una empresa por incurrir en tercerización ilegal.

Tema: Derecho laboral.


El fundamento ilegal de las sanciones por tercerización ilegal se encuentra en el artículo 53 de la ley 1429 de 2010, que textualmente establece:
ARTÍCULO 63. CONTRATACIÓN DE PERSONAL A TRAVÉS DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO. El personal requerido en toda institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes.
Sin perjuicio de los derechos mínimos irrenunciables previstos en el artículo tercero de la Ley 1233 de 2008, las Precooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado, cuando en casos excepcionales previstos por la ley tengan trabajadores, retribuirán a estos y a los trabajadores asociados por las labores realizadas, de conformidad con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo.
El Ministerio de la Protección Social a través de las Direcciones Territoriales, impondrá multas hasta de cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a las instituciones públicas y/o empresas privadas que no cumplan con las disposiciones descritas. Serán objeto de disolución y liquidación las Precooperativas y Cooperativas que incurran en falta al incumplir lo establecido en la presente ley. El Servidor Público que contrate con Cooperativas de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral para el desarrollo de actividades misionales permanentes incurrirá en falta grave.
El decreto incurrió en una omisión, pues no reguló los criterios de determinación y graduación de las multas y sanciones, como sí lo hiciera el decreto 472 de 2015, respecto del incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. De manera que esto abrirá espacio a la discrecionalidad e imprevisibilidad de los inspectores de trabajo y jueces laborales, quienes al momento de sancionar la tercerización ilegal, carecen de criterios de racionalización de multas, transgrediendo así el derecho de defensa y debido proceso de la empresa sancionada, que no sabrá a qué atenerse ante un procedimiento sancionatorio derivado de la tercerización ilegal.
Si bien se debe acudir por remisión a los criterios de graduación establecidos en el artículo 50 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como los estipulados en el artículo 12 de la ley 1610 de 2013, tales parámetros son muy amplios y abstractos, dándole un amplio margen de libertad interpretativa al inspector laboral y al juez laboral, situación para nada deseable dentro del elemental derecho sancionatorio, que siempre exige especificidad y concreción. Tales criterios de graduación son:
1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados.
2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero.
3. Reincidencia en la comisión de la infracción.
4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión.
5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción u ocultar sus efectos.
6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes.
7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente.
8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas.
9. Grave violación a los Derechos Humanos de las y los trabajadores.
Y las multas oscilarán en los siguientes rangos:
Total de trabajadores asociados y no asociados Valor multa en smmlv
De 1 a 25 De 1.000 a 2.500 smmlv
De 26 a 100 De 2.501 hasta 3.000 smmlv
De 101 a 400 De 3.001 hasta 4.000 smmlv
De 401 en adelante De 4.001 hasta 5.000 smmlv



 

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