Responsabilidad estatal por la dilación injustificada en la devolución de vehículos inmovilizados.

Responsabilidad estatal por la dilación injustificada en la devolución de vehículos inmovilizados.

Tema: Responsabilidad del Estado


Fuente

Sentencia Número 36393 de 05-02-2016. Consejo de Estado.


Concordancias

Legislación

N/A


Jurisprudencia

N/A


Doctrina

N/A


El Alto Tribunal recordó que mediante la Ley 270 de 1996 se desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, fijando la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, del Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía.

Preciso el Consejo de Estado que el título de imputación idóneo por los daños derivados de la dilación injustificada en la adopción de decisiones relacionadas con la inmovilización y posterior devolución de vehículos es el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, no obstante, el Alto Tribunal aludió a que si las condiciones fácticas y jurídicas lo ameritan, resulte aplicable otro régimen o título de imputación, cuando el mismo se encuentre acreditado.

Para resolver si en un caso concreto hay lugar a la responsabilidad del Estado por fallas en la administración de justicia derivadas del retardo en adoptar decisiones, debe decidirse si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demanda que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla.


 

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