Oficio Número 220-004193, de 14-02-2002. Superintendencia de sociedades.

Oficio Número 220-004193, de 14-02-2002. Superintendencia de sociedades. prueba.

Fecha: 14-02-2002.
Entidad de Origen: Superintendencia de sociedades.
N° de Oficio: 220-004193.
Tema: De los patrimonios autónomos y la prueba de su existencia y representación.

Fuente

Oficio Número 220-004193, de 14-02-2002. Superintendencia de sociedades.

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Contenido de la Fuente

Oficio Número 220-004193, del 14 de febrero de 2002. Superintendencia de sociedades

Asunto: De los patrimonios autónomos y la prueba de su existencia y representación.

Me refiero a su escrito recibido en el webmaster de esta entidad el día 4 de febrero del presente año y radicado con el No. 2002-01-008142, en el cual consulta, de una parte, “qué medios se pueden usar para probar la existencia y representación de un patrimonio autónomo” y, de otra, “cuál es la responsabilidad de los fideicomitentes con respecto a las obligaciones asumidas por el patrimonio autónomo en desarrollo de su objeto”.

Como quiera que el asunto consultado escapa de la órbita de competencia de esta entidad, nos permitimos manifestarle que en la fecha damos traslado de su escrito a la Superintendencia Bancaria, en los términos del artículo 33 del Código Contencioso Administrativo.

No obstante lo anterior, le informamos que de conformidad con la legislación probatoria colombiana, especialmente con lo previsto en la Sección Tercera del Libro 2° del Código de Procedimiento Civil, artículos 174 y siguientes,
“sirven como medios de prueba, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el ley, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez”.

Así mismo, dispone el artículo 187 ídem que “las pruebas deberán apreciarse en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos”. Y, finalmente, el artículo 232 de la misma obra establece que “la prueba de testigos no podrá suplir el escrito que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato. (-) Cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión”.

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