Gastos de administración del proceso liquidatario.

¿Quién asume los gastos de administración dentro de los procesos liquidatarios?

Tema: Administración.


En reciente concepto, la Superintendencia de Sociedades recordó que en virtud del principio de “Universalidad”, la totalidad de los bienes del deudor y todos sus acreedores quedan vinculados al proceso de insolvencia a partir de su iniciación.

De tal forma que la prenda general de los acreedores del ente societario en trámite de liquidación judicial, no puede quedar desprotegida ante eventuales riesgos que de alguna manera puedan diezmar y deteriorar la expectativa de pago que se impone realizar conforme al procedimiento legal.

Es así que, con la apertura del proceso de liquidación judicial, el juez debe ordenar las medidas tendientes a proteger, custodiar y recuperar los bienes que integran el activo patrimonial del deudor. En desarrollo de tal prerrogativa, la ley le permite al juez concursal ordenar las medida cautelares de embargo y secuestro sobre todos los bienes del ente societario en liquidación, a fin de hacer el inventario, avaluó de los bienes y proceder a su enajenación, o en su lugar el acuerdo de adjudicación en los términos del artículos 53, 54, 57, 58 y 59 de la Ley 1116 de 2006.

Desde luego, que con la apertura del trámite de liquidación judicial se generan gastos de administración que pueden cancelarse en la medida en que se vayan causando, hasta el punto que cuando no haya efectivo el liquidador los cancelará con la adjudicación de los bienes de que disponga según el orden de prelación de créditos.

En efecto, los acreedores pueden optar por el cobro coactivo de su gasto de administración; sin embargo, también es cierto que el pago de estos gastos tiene su propio esquema concursal, como lo es que tienen preferencia en ese sentido, lo cual se ve reflejado dentro del acuerdo de adjudicación que el liquidador deberá presentar con arreglo a la normatividad señalada, procedimiento prevalente que propicia, protege y persigue una pronta y ordenada liquidación del patrimonio social conforme a la prelación legal créditos.


 

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