Cláusula compromisoria.

La función de la Superintendencia de Sociedades frente a una sociedad que no cumple con lo establecido en el decreto antitrámites.

Tema: Funciones de la Superintendencia de sociedades.


El artículo 110 del Código de Comercio determina que en el acto constitutivo de una sociedad deberá expresarse: (…) si las diferencia que ocurran entre los asociados o entre estos y la sociedad, con motivo del contrato social, han de someterse a decisión arbitral o de amigables componedores y, en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los árbitros o amigables componedores.”

Teniendo en cuenta esta norma habilitante, la cual tiene sustento constitucional, los socios podrán someter a la Justicia Arbitral los litigios que surgen entre ellos o entre estos y la sociedad, con motivo del contrato social. Precisamente, sobre este tema se pronunció recientemente la Superintendencia de Sociedades al afirmar que la justicia arbitral implica la suscripción voluntaria de un negocio jurídico, por medio del cual las partes renuncian a la jurisdicción ordinaria y acuerdan someter la solución de cuestiones litigiosas, que surgen o que puedan surgir de relaciones jurídicas determinadas, a la decisión de árbitros, para lo cual determinan un procedimiento o se remiten al previsto en la ley.

Siendo así las cosas, los socios podrán estipular una cláusula a través de la cual determinen que sus diferencias, por motivo del contrato social, sean dirimidas mediante mecanismos alternos de solución de conflictos como el arbitramento. Dicha estipulación, precisa la Superintendencia, debe emanar de la voluntad libre y autónoma de las partes y no de una imposición o mandato de la ley, comoquiera que se trata de una renuncia al derecho de acceder a la justicia ordinaria. Por tanto, son los socios, quienes acudiendo a la autonomía de la voluntad, podrán someter a voluntad de los árbitros, un conflicto potencial o actual, la que habilita a los árbitros para actuar. Teniendo en cuenta lo dicho, de no existir compromiso o cláusula compromisoria – que es el pacto por vía del cual se someten las partes al arbitramento -, no podrá acudirse a este medio alternativo de solución de conflictos, toda vez que este es un requisito constitucional sin el cual no procede este mecanismo.


 

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