Calificación de la pérdida de capacidad laboral para obtener una pensión de invalidez.

¿Cómo se califica la pérdida de capacidad laboral (invalidez)?

Tema: Calificación de la pérdida de capacidad laboral para obtener una pensión de invalidez.


Fuente

Decreto Número 19 de 10-01-2012. Presidencia de la República.


Concordancias

Legislación

Ley Número 100 de 23-12-1993. Congreso de la República.
Decreto Número 1352 de 2013.
Decreto Número 1507 de 12-08-2014. Ministerio del Trabajo.


Jurisprudencia

N/A


Doctrina

Calificación de pérdida capacidad laboral.

Calificación pérdida capacidad laboral.

Reconocimiento de pensión de invalidez y de jubilación.

Concurrencia de pensión de invalidez y de jubilación.

Aumento de la pérdida de capacidad laboral.

Modificación al porcentaje de pérdida de capacidad laboral.

Controversia de la invalidez.

Impugnación de la pérdida de capacidad laboral.

Pensión de invalidez de origen común o laboral.

Diferencias entre pensiones de invalidez según su origen común o laboral.

Condición más beneficiosa en pensión de invalidez.

Pensión de invalidez: Criterios para condición más beneficiosa.

Parámetros para pensión de invalidez en personas jóvenes.

Pensión de invalidez en personas jóvenes.

Dictamen de pérdida de capacidad laboral.

Objeción al dictamen proferido por la junta de calificación.

Semanas cotizadas luego de la fecha de estructuración de invalidez.

Fecha de estructuración invalidez: ¿antes o después de la afiliación al sistema?

Pensión familiar – Nuevo requisito.

Revisión de la pensión de invalidez.

Pensión familiar.

Megapensiones.

Pensión de invalidez.

In dubio pro operario ante la ausencia del régimen de transición en la pensión de invalidez – Análisis Público.
In dubio pro operario ante la ausencia del régimen de transición en la pensión de invalidez – Actualidad Público.
Pensión por invalidez para los trabajadores en situación de discapacidad.
Pensión por invalidez.
Pago de pensiones de invalidez.


Conozca los pasos o etapas que una persona debe atravesar para poder ser determinada o calificada su pérdida de capacidad laboral, y así acceder a una posible pensión por invalidez. Primero, el paciente debe ser calificado en primera oportunidad, bien sea por su EPS, ARL o AFP. Para que esto ocurra, el interesado debe contar con al menos 180 días de incapacidad, y un concepto desfavorable de rehabilitación. Cumplidas estas dos condiciones, la respectiva entidad (EPS, ARL o AFP) debe proceder con la calificación de la invalidez. El resultado de tal calificación es un primer dictamen de calificación de invalidez que contiene: porcentaje de pérdida de capacidad laboral; fecha de estructuración, que indica a partir de cuándo se es inválido o se sufrió la pérdida parcial de capacidad laboral; y el origen de la misma, es decir, si fue fruto de un accidente o enfermedad laboral o común. Si el paciente no está de acuerdo con este dictamen, puede apelar dentro de los 10 días siguientes ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de su domicilio, quien también emite un dictamen con las características ya establecidas. Así mismo, si el trabajador no se encuentra satisfecho, puede recurrir ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, decisión frente a la cual sólo queda la vía judicial ante el juez laboral.


Contenido de la Fuente

Decreto Número 19 de 10-01-2012

(Enero 10)

Reglamentado por el Decreto Nacional 734 de 2012, Reglamentado por el Decreto Nacional 1450 de 2012

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el parágrafo 1º del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que la Administración Pública está llamada a cumplir sus responsabilidades y cometidos atendiendo las necesidades del ciudadano con el fin de garantizar la efectividad de sus derechos.

Que en desarrollo de los postulados del Buen Gobierno se requieren instituciones eficientes, transparentes y cercanas al ciudadano.

Que el artículo 83 de la Constitución Política dispone que todas las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.

Que el artículo 84 de la Constitución Política es perentorio en señalar que cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.

Que tanto los particulares en el ejercicio de sus derechos o en el cumplimiento de sus deberes, como las autoridades en el desarrollo de sus funciones tienen el deber de obrar bajo los postulados de la buena fe, es decir que deben sujetarse a los mandatos de honestidad, lealtad y sinceridad.

Que con la aplicación del principio de la buena fe se logra que este se convierta en un instrumento eficaz para lograr que la administración obre con criterio rector de la efectividad del servicio público por encima de las conductas meramente formales que han desnaturalizado su esencia.

Que es necesario que todas las actuaciones de la administración pública se basen en la eficiencia, la equidad, la eficacia y la economía, con el fin de proteger el patrimonio público, la transparencia y moralidad en todas las operaciones relacionadas con el manejo y utilización de los bienes y recursos públicos, y la eficiencia y eficacia de la administración en el cumplimiento de los fines del Estado.

Que con el objeto de facilitar la actividad de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades que cumplen funciones administrativas, contribuir a la eficacia y eficiencia de estas y fortalecer, entre otros, los principios de buena fe, confianza legítima, transparencia y moralidad, se requiere racionalizar los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios contenidos en normas con fuerza de ley.

Que mediante el parágrafo 1 del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011, el Congreso de la República revistió al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

Ver Circular de la Sec. General 016 de 2012, Ver Concepto del Consejo de Estado 2107 de 2012

DECRETA:

TITULO I

REGIMEN GENERAL

CAPITULO I

PRINCIPIOS Y NORMAS GENERALES APLICABLES A LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

ARTICULO 1. OBJETIVO GENERAL

Los trámites, los procedimientos y las regulaciones administrativas tienen por finalidad proteger y garantizar la efectividad de los derechos de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades y facilitar las relaciones de los particulares con estas como usuarias o destinatarias de sus servicios de conformidad con los principios y reglas previstos en la Constitución Política y en la ley.

En tal virtud, el presente decreto tiene por objeto suprimir o reformar los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios existentes en la Administración Pública, con el fin de facilitar la actividad de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades, contribuir a la eficiencia y eficacia de éstas y desarrollar los principios constitucionales que la rigen.

ARTICULO 2. AMBITO DE APLlCACIÓN.

El presente decreto se aplicará a todos los organismos y entidades de la Administración Pública que ejerzan funciones de carácter administrativo, en los términos del artículo 39 de la Ley 489 de 1998 y a los particulares cuando cumplan funciones administrativas.

ARTICULO 3. MORALIDAD

La actuación administrativa debe ceñirse a los postulados de la ética y cumplirse con absoluta transparencia en interés común. En tal virtud, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas.

ARTICULO 4. CELERIDAD EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.

Las autoridades tienen el impulso oficioso de los procesos administrativos; deben utilizar

formularios gratuitos para actuaciones en serie, cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y cuando sea asunto de su competencia, suprimir los trámites innecesarios, sin que ello las releve de la obligación de considerar y valorar todos los argumentos de los interesados y los medios de pruebas decretados y practicados; deben incentivar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a efectos de que los procesos administrativos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas; y deben adoptar las decisiones administrativas en el menor tiempo posible…

 

Status: