Acciones conjuntas en contra del lavado de activos.

Acciones conjuntas entre el sector privado y el Gobierno en la lucha contra el lavado de activos.

Tema: Lavado de Activos y Financiamiento al terrorismo.


POLÍTICA INTERNACIONAL CONTRA EL LA/FT Detección y Reporte

Las actividades de Detección y Reporte se realizan de manera conjunta entre el sector privado y el gobierno. La segunda etapa de la política internacional contra el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo debe ser realizada por tres actores:

Sujetos Obligados: Son todas aquellas entidades que son designadas por la ley para reportar operaciones sospechosas de lavado de activos o financiamiento al terrorismo, ya que la naturaleza de sus negocios, ubicación o contraparte las hace más vulnerables. Adicionalmente, son todas las empresas que por disposición del regulador consideren que deben reportar las operaciones sospechosas. Igualmente todo profesional que tenga conocimiento que se está efectuando una operación y en general, quien tenga pleno conocimiento que la actividad delictiva de lavado se está realizando. Así las cosas, todos los ciudadanos somos sujetos obligados, sea por disposición normativa y por aspectos morales. Sin embargo, se debe tener claridad entre los sujetos obligados de reportar actividades u operaciones sospechosas y los sujetos obligados para la implementación de un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Autoridades de Supervisión, Vigilancia y Control: Son los organismos del Estado que actúan como reguladores o supervisores de las empresas que se encuentran inscritas en cierta categoría o sector económico tales como el sector financiero, sector solidario, sector salud, sector minero, sector agrícola, Comercio, Vigilancia, Tránsito y Transporte, Notariado y Registro, entre otros.
UIF (Unidad de Inteligencia Financiera): Unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de cada país, que tiene como objetivo prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo en diferentes sectores de la economía.

POLÍTICA INTERNACIONAL CONTRA EL LA/FT Represión: Es la articulación penal creada por el Estado para la tipificación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo como delitos. Igualmente, la tipificación de los delitos subyacentes o precedentes. Es importante recordar, que la lucha contra este flagelo nace de una iniciativa internacional que debe ser acogida por los países con el único objetivo de evitar a toda costa el lavado de dinero. Por lo tanto, en términos de Represión, es el Estado representado es las autoridades judiciales y policiales quienes deben ejercer su autoridad en ésta etapa.

POLÍTICA INTERNACIONAL CONTRA EL LA/FT Confiscación o Extinción de Dominio
Las definiciones de los conceptos congelación, decomiso y confiscación varían de un país al otro. Sin embargo, para tener consistencia se aplican las siguientes definiciones incluidas en la Recomendación Especial III y de esta Nota interpretativa de GAFI-FATF

Congelamiento: Dentro del contexto de la presente Recomendación, un gobierno o una autoridad judicial competente debe estar en condiciones de congelar, bloquear o retener fondos o bienes específicos y, de este modo, impedir el traspaso o transferencia de éstos. Los fondos o bienes siguen perteneciendo al propietario original y pueden seguir siendo administrados por la institución financiera o según el plan de gestión determinado por el propietario.

Decomiso: Como en el caso de la congelación, el gobierno o la autoridad judicial competente debe estar en condiciones de tomar medidas o promulgar un decreto que le permita tomar el control de los fondos o bienes en cuestión. Los fondos o bienes siguen perteneciendo al propietario original, aunque la autoridad competente siempre puede tomar posesión de éstos y asegurarse de su administración o gestión.

Confiscación (o privación): Se habla de confiscación (o privación) cuando el gobierno o la autoridad judicial competente ordena que la propiedad de fondos o bienes en cuestión sea transferida al Estado. En este caso, el propietario original pierde todos los derechos sobre la propiedad. Las órdenes de confiscación están, por lo general, relacionadas con una sentencia penal o un fallo, que establece que el bien en cuestión ha sido obtenido o estaba destinado a ser utilizado en violación de la ley.

La Extradición está fundamentada como un mecanismo legal que tiene por objetivo la colaboración judicial entre diversos países, es decir, la extradición obedece al compromiso de colaboración muta internacional. De esta forma, un Estado está en capacidad de solicitar a otro gobierno un individuo con el fin de abrir o continuar un procedimiento penal contra dicha persona.

Ahora, El GAFI-FATF dispone que cuando se requiere la doble incriminación penal para la asistencia legal mutua o la extradición, debe considerarse que este requisito ha sido satisfecho, sin importar si los delitos son descritos bajo la misma categoría en los diferentes países, siempre que ambos países tipifiquen la conducta subyacente. Es por esto, que el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo deben ser tipificados como delitos, al igual que los delitos precedentes, fuentes o subyacente, dado que de éste forma los países están hablando el mismo lenguaje jurídico y penal.



 

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